Matrimonio Igualitario: 10 AÑOS.

A diez años de la Ley de Matrimonio Igualitario resulta conveniente realizar un repaso por los momentos más sustanciales en cuestiones de géneros que tuvieron lugar durante los gobiernos Kirchneristas. Politicas tales como  la Ley de Identidad de Género y aquellas leyes referidas a la violencia de género, forman parte de un cambio de época en donde las minorías comenzaran a sentirse alcanzadas por los brazos del Estado.

Luego de la derrota en el enfrentamiento con el sector agrario en el 2008, el kirchnerismo necesitaba resurgir para hegemonizar la agenda política.  Entre otras medidas abordadas, en el año 2010 se promulga la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región que permitía el casamiento entre personas homosexuales. Así se ubicaba entre los primeros diez países del mundo en reconocer los derechos de la población LGBT al permitir que se constituyeran familias con los mismos derechos, obligaciones e igualdad de condiciones que las familias heterosexuales, incluida la adopción.  Nunca es tarde, pero la Ley surge como un derecho que pareciera ser tardío dado que fue una lucha de años brindada por los activistas homosexuales que comenzaban a surgir a fines de los años 60.

Otra de las políticas importantes que tuvieron lugar en la etapa kirchnerista fue la regulación de la identidad de género.  La ley permite a toda persona que tenga como mínimo 18 años, el reconocimiento de su género, solicitar la rectificación registral de su sexo o un cambio de nombre de pila, basándose únicamente en la voluntad, en la percepción de género propia. De esta manera se pretende garantizar a toda persona el reconocimiento de su identidad de género, la libertad de desarrollar su persona y el tratamiento de acuerdo con su identidad. Es decir que toda persona cuando su nombre, imagen o sexo no coincidan con su identidad de género autopercibida podrán solicitar al Estado los recursos para emprender el camino del cambio. Un avance en términos de igualdad e inclusión.

Cabe mencionar que los debates, en ambas Cámaras, estaban fundamentados en los Principios de Yogiakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, un documento producido en 2006 por un grupo de expertos y activistas a petición de la ONU. Uno de sus principios establecía lo siguiente:  Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, con motivo de su orientación sexual o identidad de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas.

Una de las cuestiones más dramáticas de las problemáticas  feministas es la lucha  contra la trata. No hay dudas que este tipo de violencias se encuentran inmersas dentro de un complejo sistema de opresión que tiene a la mujer como victima de diversos victimarios: El hombre, el Estado y todas aquellas relaciones de poder que sostienen a una estructura tan profunda como es el patriarcado.

En el año 2002 la Argentina había ratificado el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Este protocolo es uno de los tres protocolos firmados en el año 2000 en la ciudad italiana de Palermo cuyo objetivo era la lucha contra el crimen organizado.  En ese marco, llegado el año 2008 se promulga la Ley 26.364. Esta norma tenía la intención de implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, así como asistir y proteger a sus víctimas. Así en la Argentina se prohibía toda forma de trata y se establecían penas que iban de tres a quince años. La ley determina que existe explotación “cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual”.

Ahora bien, la ley diferenciaba la trata de personas mayores y menores de 18 años. Se dictaban penas mayores para la trata de menores que por la trata de mayores. Por otro lado, en el caso de personas mayores, el consentimiento de la víctima podía ser un amortiguador para el argumento del criminal.  Se necesitaba una modificación de estos elementos y eso comenzó a suceder en el 2010. Todo parecía avanzar, pero como sucede en diversas ocasiones cuando se trata de avance de derechos, la ley avanzo en senado, pero quedo congelada en la cámara de diputados.

Se necesito de una conmoción en la opinión pública para que la política avanzara en el tratamiento de las mejoras en la ley original. En 2012 el veredicto por el caso Marita Verón, con todos los acusados absueltos, impulso una sesión extraordinaria para que diputados trate la reforma.  Esta medida quitaba la distinción de edad de la víctima, eliminando el consentimiento como posible elemento argumentativo del responsable. La Ley 26.842 establece como trata de personas a “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.

Las políticas de genero en la etapa kirchnerista fueron un lazo integrador. Se podía estar en desacuerdo con muchas cuestiones económicas, políticas y sociales pero aquellas leyes fueron un bálsamo para las minorías que habían visto silenciados sus reclamos durante toda su existencia.

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