El anuncio de la expropiación de Vicentin sorprendió a todos. El gobierno parecía hacer la plancha o estar subsumido detrás de las lineamientos conservadores de los infectólogos. Y, de repente, un cambio de frente, hacia el lateral izquierdo. La política se despertó del encierro de la cuarentena demasiado prolongada. Y se revolvió todo, muchos se pusieron a criticar la medida, otros a elogiarla, y algunos yendo por la avenida del medio. El gobierno se resolvió a patear el hormiguero, y claro, te van a picar las hormigas (las negras, y las coloradas también).

Banderazo en la empresa y cacerolazo en varias ciudades del país, la medida no fue bien recibida por un sector significativo de la población acompañada por algunos medios de comunicación. La crítica rancia de los sectores de la derecha política apuntó una palabra fuerte: tragedia. Les parece un motivo para ponerse de luto que el Estado expropie una empresa, que el ente público se ponga a jugar en el mercado como un actor más, si no el preponderante. Los pretendidos herederos de Adam Smith y economistas de variado pelaje pero indudable formación, apuntan a que nos convertiremos en Venezuela y que el intervencionismo lleva a la pobreza, a la falta de confianza de los presuntos inversores que nunca pero nunca llegan, ni cuando tuvieron un gobierno presumiblemente más afín en el interregno 2015-2019. La lluvia de inversiones nunca llegó en esos tiempos, teniendo lugar en realidad una precipitación al revés, desde el país hacia paraísos fiscales destino de la fuga de divisas. Otros aliados de este sector son los leguleyos y los defensores del republicanismo, que hablaron de la Constitución Nacional y sus artículos 17 y 14 (del 14 bis nunca se acuerdan). Y el gobierno que, curiosamente, se ampara en una ley de Videla, madre de Dios. Es que todo se conjuga para volver la expropiación una ensalada, una arena movediza que hace difícil avanzar. Complicado casi como cuando se ensayaron las retenciones móviles tibiamente progresistas en el 2008 y el proyecto perdió en tiempo suplementario y por penales con el voto sorpresivo de Julio Cobos. Hay que reconocer que en la Argentina es muy difícil ser progresista, intentar tocar algún interés sin que se arme kilombo.

Y bien, también hay críticas desde sectores progresistas o de izquierda, que tienen que ver con el hecho de que el Estado se haría cargo de la deuda de la empresa y “todos contentos”, en particular algunos acreedores y bancos. La observación es atinente, pero es preciso apuntar que la banca pública era una acreedora de importancia en el concurso, al igual que las cooperativas de productores que entregaron el producto de su trabajo recibiendo papelitos de colores. Sería una nueva estatízación de la deuda, pero con la sustancial diferencia de que el Estado gestionaría la empresa. Si atendiéramos a que sólo es un problema de no acumular deudas o pasivos, tendríamos que concluir que las privatizaciones de los años 90 estuvieron bien hechas porque las empresas públicas eran deficitarias. Pero es necesario apuntar que es deseable que el Estado tenga una intervención y ser un jugador importante en el mercado, más allá de los costos económicos que pudiera implicar. Cuando a Perón lo criticaban con argumentos similares cuando nacionalizó los ferrocarriles, Sclalabrini Ortiz lo defendió diciendo: con los ferrocarriles, comprás soberanía. O sea, hay que tener en cuenta (pero en un nivel secundario) las ganancias o las pérdidas inmediatas, pero mucho más importante es que el Estado sea un actor de peso, en el caso de esta empresa, en la exportación de cereales. Poner el pie en el fango de un sector que a veces retiene las exportaciones a la espera de devaluaciones, acumulando los cereales en los silos y timbeando con el valor de la moneda en los mercados de divisas. 

Un bien estratégico, y en este sentido cobra sentido que el Estado lo gestione. Otros impugnadores de la medida dicen: no pagan 500 millones de dólares a los bonistas y se ponen a gastar más de 1000 millones en Vicentin. Es que de eso se trata. De que el Estado tenga autonomía para hacer con los recursos públicos lo que más convenga a un proyecto estratégico. Postergar (parcialmente, sin hacer locuras) a los buitres y tenedores de papeles de deuda y ponerse a inventar un Estado empresario de la nada, en la cornisa del default. Sin ser revolucionario ni mucho menos, el gobierno gestiona, en este caso, de una forma independiente a lo que la ortodoxia piensa, volviéndola loca y sacándola de las casillas. Una semana en que la política se despertó, emergió por detrás de los infectólogos para tomar el centro del escenario. Con todos sus bemoles, marchas, contramarchas y contradicciones, bienvenida sea. Estas arenas movedizas son mucho más estimulantes que la pasividad o el ocuparse sólo de la urgencia que se arrastraba, inercia de la necesidad de la cuarentena.

Sebastián Giménez. Escritor y trabajador social.

 

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