Todo poder es político. La reforma de las jubilaciones de privilegio.

En épocas de vacas flacas y en un país muy desigual, los únicos privilegiados no son los niños. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para limitar la situación de privilegio del régimen de retiro del Poder Judicial y los representantes diplomáticos. No todos los trabajadores judiciales son jueces, vale aclararlo porque muchos empleados de tribunales están lejos de constituir una casta privilegiada.

Este artículo se inspiró en mi intercambio en Twitter con Facundo Álvarez @facu_alvarez73 y a él va dedicado.

El proyecto puede decirse que tiene una considerable aceptación social. El insuficiente aumento a los jubilados que hace poco se anunció (compensado con algunas medidas de salario indirecto como los medicamentos gratuitos) puso más en evidencia la situación de desigualdad. La jubilación mínima cobrará poco más de quince mil pesos. Algunos magistrados y representantes diplomáticos retirados perciben, en promedio, casi trecientos mil pesos. Veinte veces más. No es justo. Nivelar hacia arriba no se puede por la situación económica apretada, hacia abajo siempre es posible, teniendo lugar la disputa por quién paga los costos de la crisis. La divisa del gobierno parece ser ayudar a los que menos tienen y aplanar a los que tienen un poco (o mucho, en este caso) más.

El tema tal vez más sensible es que se trataba de una intervención, si se quiere, sobre el régimen de retiro de otro poder del Estado. El Legislativo se proponía reformar lo atinente al Poder Judicial, con un proyecto enviado por el Ejecutivo. En estas lides especialmente sensibles, se volvía importante conservar las formas republicanas para no hacer aparecer el proyecto como la imposición de los deseos de una facción o grupo, sino teniendo en vista el interés general por lo oneroso de mantener intacto un sistema que insume 2 puntos del PBI (según las estimaciones oficiales) y cristaliza obscenamente la desigualdad.

Se tiró el proyecto y el debate en el Parlamento. La oposición abandonó el recinto. La bancada oficialista trató el proyecto con apretado quórum, incluida la presencia polémica del diputado Daniel Scioli. ¿Es embajador en Brasil o diputado? El vericueto legal dirá que es un diputado en funciones porque no se completó la tramitación burocrática para su designación como embajador en la nación hermana. Legalmente diputado pero en el sentido común embajador, más en un país donde nadie lee el Boletín Oficial, ni siquiera algunos legisladores. Así lo dice Wikipedia, bramó Mario Negri haciendo una captura de pantalla.

Que la realidad se impone por los medios de comunicación es un axioma que no precisa demostrarse, los mass media interpretan, seleccionan, titulan sobre el recorte de las jubilaciones a secas, con alevosa intención. Los privilegios se esconden, el enchastre está hecho. Retiro de la bancada opositora e impugnación del quórum innecesaria, que se hubiera alcanzado de todas maneras si iba el suplente. Truchos, los llamó la banca opositora a los diputados que se quedaron a sesionar. Designación denigrante que trae a colación otro episodio bastante distante de nuestra vida democrática ocurrido en 1992, cuando la presencia ilegal de un asesor posibilitó que se alcanzara el quórum de la sesión que votaría el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Es evidente que ambos hechos no son para nada equiparables, teniendo lugar en la actualidad una interpretación discutida de la situación del diputado sesionante Daniel Scioli. Pero el daño a la sesión está hecho, amplificado por las coberturas periodísticas y las redes sociales. Para la oposición, el hecho redundó en un juego que sumó a su activo político de declamada defensa de los valores republicanos. Enchastre para el oficialismo y un atajo para la oposición, que no se vio siquiera exigida de brindar argumentos incómodos para defender el sistema de retiro de los sectores privilegiados.

La decisión termina siendo aprobada por un extremo de la grieta, el consenso se vuelve imposible. Media sanción. La oposición dice que hará presentación en la Justicia. Los magistrados eventuales serán jueces y partes, el sistema republicano se enreda. El Ejecutivo envía la ley, el Legislativo la aprueba, el Poder Judicial resolvería su correspondencia con las normas y la Constitución y si Scioli debía o no estar allí. Si existiera la presentación, la eventual sentencia será también una decisión política, aunque basada en leyes. El Poder Judicial es llamado habitualmente Justicia, se lo asocia a un valor. Pero, en definitiva es un poder, y lo que se dio en esa sesión discutida era una disputa palaciega entre poderes. Oficialismo, oposición, Legislativo, Judicial, Ejecutivo. En un round tan delicado, era tal vez menester no brindar flancos que hicieran aparecer a la decisión como discrecional y cuestionada en su legitimidad. No era sencillo, con los actores expresándose airadamente y una oposición no casualmente muy susceptible.

En democracia se logra o no el quórum, a veces se gana, a veces se pierde y hasta en otras se empata y tiene que definir Cobos. A veces se vota a favor, en contra y en otras se abstienen, como los diputados de izquierda. Que reconocen que se limitan un poco los privilegios pero son dueños de su propio proyecto más radical. Un poquito o mucho, el proyecto se propone avanzar sobre un grupo privilegiado asemejándolo al régimen general en forma progresiva en cuanto a la edad jubilatoria e inmediata en cuanto al monto de los haberes (promediando los últimos 10 años y no computando sólo los haberes del último cargo como hasta ahora). Se endurecen los requisitos de acceso al sistema y se conserva el 82% y la movilidad de los haberes.

Se plantea también la posibilidad de que una cantidad significativa de jueces inicien su retiro para no quedar acogidos al nuevo sistema, ocasionándose eventualmente un cambio significativo en la composición de los distintos órganos del Poder Judicial. La oposición acusa esto como una movida del Ejecutivo para extender su influencia sobre ese Poder. Está por verse, Cambiemos tampoco fue prolijo para entronizar a dos miembros de la Corte Suprema apenas asumió el mandato.

Tiempos políticos, movida audaz y con significativo consenso social del gobierno de Alberto Fernández que no se parece tanto a la sesión del diputrucho aludida por la oposición sino, tal vez un poco más, a la remoción de hombres de la Corte Suprema de Justicia en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Movida enchastrada un poco en las formas pero que, en el fondo, demuestra que todos los Poderes son institucionales y también deciden e intervienen políticamente desde sus propios marcos. Ninguna disputa es inocente. Tocar intereses es patear un hormiguero. Y todo derecho, todo privilegio y todo Poder es político. El Ejecutivo, el Legislativo. Y el Judicial, también.

Por Sebastián Giménez.

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