Los fallos de la corte suprema a veces no hacen ruido. Pero son determinantes.
No fue parte del debate de nuestro talk show televisivo político argentino. No han
enfurecido ni escandalizado a la patria panelista. Pero el Fallo Orellano, del 7 de junio de
2016, es uno de esas decisiones de la Corte, que ha hecho retroceder los derechos
sindicales y humanos de argentina posmoderna a la prehistoria. El derecho a huelga ha
sido limitado en la argentina, ha sido atacado y no ha sido televisado.

La causa “Orellano c/ Correo Argentino” trata en síntesis, en resumen que la empresa
Correo Oficial de la República Argentina despidió a Orellano por haber participado en la
convocatoria y realización de medidas de fuerza que no contaron con el aval de ninguno
de los   sindicatos que representaban al personal. En la comunicación del despido la
compañía aclaró que esas medidas de fuerza consistieron en la celebración, en un lapso
de dos semanas, de sucesivas “reuniones…en el lugar de trabajo y durante la jornada
habitual” que afectaron gravemente el desarrollo normal de la labor en su centro
operativo de Monte Grande. Orellano reclamó ante la justicia que se dejara efecto el despido y se lo reincorpora a su puesto de trabajo alegando que había sido víctima de una trato discriminatorio prohibido por la ley.

Concretamente, sostuvo que el despido era una injustificada represalia por su participación en medidas legítimas de “acción gremial”. La cámara hizo lugar al reclamo de Orellano y lo reincorporaron, pero se apeló en queja al máximo tribunal y éste determino que no son legítimas las medidas de fuerza promovidas por grupos informales ya que según su interpretación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en conjunto con las normas de internacionales sobre derechos humanos, solamente le reconocen el derecho de declarar huelga a los sindicatos, es decir a las organizaciones formales de trabajadores. Entre sus fundamentos la Corte remitió a la reforma del año 1957 la cual agregó el artículo 14 bis y que según su segundo párrafo estableció “Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga” entendiendo que en un análisis integral del texto de la norma constitucional se debe interpretar a la palabra “Gremios” con un alcance restrictivo y que alcanza entonces, tanto a los sindicatos con personería gremial como así también a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas. Dejando fuera del reconocimiento constitucional a comisiones internas, seccionales o grupos no institucionalizados de trabajadores que determinaran en forma colectiva realizar una huelga. Dejando fuera a cualquier grupo de trabajadores que decidan hacer valer sus derechos, conservarlos o crear otros nuevos porque no pertenecen a un grupo institucionalizado. Si la huelga no es decretada por el sindicato, es ilegal.

En un país con un grado de informalidad que roda el 50 % del universo de los
trabajadores, la Corte sólo da lugar para que una huelga sea legítima para los sindicatos,
es decir trabajadores registrados. Más grave aún es que el derecho a Huelga, es un
derecho humano, de rango constitucional e internacional. La huelga es en definitiva la
bestia negra del derecho burgués que ha intentado ponerle freno a las contradicciones
entre Capital y Trabajo. Salarios, descansos, feriados, aguinaldos, son institutos creados
por la huelga y que ésta sea regulada para darles el monopolio a las asociaciones formales. Usted y yo no podemos protestar. Así de simple. Mejor dicho, podemos hacerlo,
pero recaería el código penal sobre nosotros y no la garantía de defender nuestros
derechos.

Jurisprudencia en tiempos de Macri. Con la firma de los jueces Lorenzetti, Highton de
Nolasco y Maqueda (faltaban los otros dos ministros nombrados por decreto), la Corte
Suprema de la Nación nos ha dejado en los albores de un feudalismo sindical, llevando a
la protesta a una etapa cuasi delictiva. Algo que creíamos superado hace un Siglo.

Carlo Magno

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